La Autoridad Nacional para La Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009. Es la entidad competente del Estado para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales. Además de promover el uso de las tecnologías de información y comunicación, a través de la implementación de políticas públicas, normas, estrategias, programas y proyectos de innovación gubernamental que incentive y regulen las aplicaciones tecnológicas, a nivel nacional, con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Autoridad, para contribuir en la modernización, automatización y optimización de los procesos a nivel Estatal.