El Tribunal de Cuentas de Panamá, tiene la jurisdicción en toda la República y le compete decidir con objetividad y apego las disposiciones jurídicas pertinentes, sobre la responsabilidad que le corresponda a los agentes y empleados de manejo de los fondos y bienes públicos, derivada de los reparos formulados por la Contraloría General de la República, en virtud de denuncia de parte o investigación de oficio.